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Uruguay
En Uruguay, en la segunda mitad del siglo XIX y principio del siglo XX, ocurrieron tres hechos políticos significativos para la historia de la coparticipación de los partidos políticos en el Gobierno: los dos principales fueron el Pacto de Abril del año 1872 y el Pacto de la Cruz del año 1897 y el tercero, menos significativo por su duración, el Pacto de Nico Pérez del año 1903. Los pactos referidos, que eran orales, significaban la coparticipación de los partidos políticos en los gobiernos departamentales y, como consecuencia, también en el Poder Legislativo. Los acuerdos políticos mencionados, que fueron precedidos de revoluciones promovidas por el Partido Nacional, se aplicaron, con algunas interrupciones y modificaciones, durante treinta y dos años, inclusive en gobiernos de facto. El presente artículo analiza estos pactos de coparticipación y la vulneración de la Constitución que representaban, al convertirse en mutaciones constitucionales orales. Se pretende demostrar que, si bien dichas mutaciones constitucionales no tenían fuerza normativa —porque la costumbre no es fuente formal de derecho en Uruguay— y no tenían consenso político —se aplicaban como forma de evitar conflictos armados— formaron parte de un proceso constituyente que continuó con modificaciones de procedimientos constitucionales y leyes electorales, y que finalizó con la entrada en vigencia de la Constitución del año 1918.
In Uruguay, during the second half of the 19th century and the beginning of the 20th century, three significant political events occurred in the history of the co-participation of political parties in the Government: the two main ones were the Pacto de Abril (April Pact) in 1872 and the Pacto de la Cruz (Pact of the Cross) in 1897, and the third one, less significant due to its duration, the Pacto de Nico Pérez (Pact of Nico Pérez) in 1903. The referred pacts, which were oral, meant the co-participation of the political parties in the departmental governments and, consequently, also in the Legislative Power. These political agreements which were preceded by revolutions promoted by the Partido Nacional (National Party), were applied, with some interruptions and modifications, for thirty-two years, even during de facto governments. This article analyses these co-participation agreements and the violation of the Constitution they represented, as they became oral constitutional mutations. It is intended to prove that while these constitutional changes had no normative force (because custom is not a formal source of law in Uruguay) and no political consensus (they were applied as a way to avoid armed conflict), they were part of a constitutional process that continued with modifications to constitutional procedures and electoral laws, and ended with the entry into force of the Constitution of 1918.
