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Este trabajo aborda los costos generados por la comisión de actos de corrupción, cuyo impacto se ha reflejado en la ratificación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la Asamblea General de la ONU, que propone los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, orientados al cumplimiento de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, vulnerados por la delincuencia económica trasnacional. En este sentido, se tiene como objetivo analizar que, los delitos económicos y financieros cometidos dentro del sector público y privado, por personas humanas como jurídicas, generan costos para los Estados, las organizaciones y la sociedad, en detrimento de los Derechos Humanos y el Desarrollo Sostenible. Ello, ha afectado la credibilidad y la confianza en las instituciones, debilitando la actividad económica, el desempeño social, gubernamental y empresarial. En ese marco, se hará especial hincapié en el rol del Contador Público, dado que, cuenta con las herramientas para prevenir, detectar y mitigar aquellos actos ilícitos, tanto en el ámbito público como privado. Para cumplir con el objetivo propuesto, se ha realizado la presente investigación que, de forma transversal, analiza la práctica profesional en conjunto con la normativa y los postulados académicos.
