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En un fallo paradigmático, el TC acogió lo que consideraba el estándar interamericano respecto a la publicidad de los procedimientos penales, abordando, de paso, una problemática de extrema vigencia en Chile: la coexistencia de dos sistemas de enjuiciamiento criminal y sus diferentes estándares en cuanto a la garantía de los derechos fundamentales de los sujetos al proceso. No obstante, al hacerlo, dio lugar a fundadas dudas respecto a si excedió o no sus atribuciones. Lejos de aportar claridad en la materia, contrarió su ya asentada jurisprudencia en relación con el rango normativo de los tratados internacionales en el ordenamiento chileno. En este trabajo estudiamos las dos posibles lecturas de la sentencia y los problemas de justicia material que ambas traslucen
