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Israel Covarrubias 
, Josué Castro Puga
El Estado mexicano tiene una deuda histórica con relación al respeto y garantía de los derechos humanos, ya que tanto a lo largo de los decenios en que operó el régimen político autoritario, como de la etapa de la más reciente institucionalidad democrática, no solo ha fallado en garantizar las condiciones para su pleno respeto, sino que el propio Estado ha incurrido en numerosas ocasiones en violaciones graves a derechos humanos. El presente artículo problematiza desde un punto de vista politológico las implicaciones políticas del Caso mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco vs. México, cuya sentencia fue dictada en noviembre de 2018 en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, analizando los distintos focos de atención que dicho caso visibiliza con relación a los desafíos a la democracia mexicana y sobre todo su calidad que se presentan al Estado como respuesta obligada a las “formas de desventaja inmerecida” que él mismo ha producido con sus acciones y omisiones.
