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Manuel Jesús Dolz Lago
Es innegable el valor de la jurisprudencia para el ordenamiento jurídico, no tanto como fuente de derecho sino como complemento. También es sabido que así se reconoce en el art. 1.6 de nuestro Código Civil, tras su reforma por el Decreto 1836/1974, de 31 de mayo (BOE nº 163, de 9 julio, con vigencia a partir del 29 julio 1974), que articuló la Ley 3/1973, de 17 marzo, de Bases para la modificación del Título Preliminar del Código Civil.
Establecido el valor de la jurisprudencia, hay que reconocer que ese complemento del ordenamiento jurídico está sujeto a «las leyes de la evolución», más naturales que jurídicas, de forma que cuando se anquilosa o petrifica corre el riesgo convertirse con el tiempo en una pieza arqueológica digna de ser contemplada más en un museo, en ocasiones «museo de los horrores», que como un elemento actual al servicio de la Justicia y el Derecho.
Al hilo de estas consideraciones, el autor reflexiona sobre la petrificada jurisprudencia, salvo honrosas excepciones, recaída en el delito de tráfico de influencias en nuestro país.
