Acceso usuarios
Ariana Expósito Gázquez
La ciberseguridad se ha convertido en uno de los elementos estratégicos para abordar, con mayores garantías de éxito, la transformación digital de la Administración Pública. Sin embargo, la digitalización de la Administración conlleva asumir las amenazas propias del medio virtual, y con éstas, el establecimiento de medidas que permitan garantizar el funcionamiento de los servicios públicos, especialmente, en términos de calidad y continuidad. A pesar de lo manifestado, los continuos ciberataques que han sufrido las Administraciones ponen de manifiesto la vulnerabilidad y las deficiencias que presenta el régimen jurídico vigente. En este sentido, el ciberataque sufrido por el Servicio Público de Empleo Estatal se ha convertido en la última gran crisis pública que ha hecho saltar las alarmas ante las debilidades y problemas que presenta el sistema vigente. El ciberataque ha podido ocasionar graves lesiones en el derecho a la protección de datos de los ciudadanos y, por tanto, podría generar la obligación de resarcimiento por parte de la Administración. En consecuencia, este trabajo pretende analizar si existe responsabilidad patrimonial del SEPE por el funcionamiento anormal de sus servicios tras el ciberataque sufrido a principios de marzo de 2021.
