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J. Samuel Valenzuela
Cuando las democracias surgen a partir de reformas graduales de un marco legal predemocrático, no es siempre fácil determinar el momento preciso en el cual comienzan. Sin embargo, el estudio de la democratización requiere identificar la o las reformas fundamentales que generan el cambio cualitativo que significa una transición política desde un régimen autoritario. Éste es un problema que se presenta frecuentemente en el análisis de las democratizaciones graduales de los regímenes autoritarios decimonónicos que tenían marcos constitucionales con muchos elementos que se identifican con las democracias.
Este artículo sostiene que la ley electoral de agosto de 1890 permitió que comenzara a funcionar una democracia en Chile (aunque de sufragio incompleto). La Constitución de 1833 contenía ya los lineamientos básicos de una democracia, pero el régimen era en el fondo autoritario porque triunfaban en las elecciones quienes gozaban de apoyo oficial. De modo que es a partir de las elecciones parlamentarias de 1894 que comienza a operar una competencia real entre partidos creados libremente por los votos de la ciudadanía, competencia convertida desde entonces en el único medio para llegar al poder gubernamental y legislativo. Los cambios establecidos en la ley de 1890 fueron diseñados para acabar con la intervención oficial, e incluyeron la institución de la cámara secreta para hacer efectivo el secreto del voto.
Muchos observadores y analistas han indicado que las elecciones chilenas posteriores a 1890 tenían numerosas irregularidades, con lo cual el régimen de la época no podría ser calificado de democrático.
El artículo se detiene en estas argumentaciones y sostiene que las deficiencias no eran ni tan graves ni tan generalizadas como se ha supuesto.
