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Resumen Luego de una década de progresiva aplicación de derechos sociales, la Corte Suprema argentina inició un nuevo camino a partir de una sentencia sobre derecho a la vivienda emitida en 2012. Allí el tribunal adoptó un enfoque más restrictivo en cuanto a la exigibilidad judicial de los derechos sociales. En los años posteriores, también limitó el alcance de los grupos titulares de estos derechos y no incluyó en sus sentencias criterios pertinentes elaborados por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Dos nuevos jueces se incorporaron a la Corte en 2016 y parecen consolidar esta visión restrictiva. El artículo examina una serie de sentencias emitidas entre 2012 y 2018 para brindar una descripción más detallada del proceso en curso y su posible desarrollo futuro.
Abstract After a decade of progressively enforcing social rights, Argentina’s Supreme Court started a new course in a 2012 decision on the right to housing. There the Court adopted a more restrictive approach to judicial enforcement of social rights. In the following years, it also limited the scope of the groups entitled to those rights and did not include relevant criteria adopted by the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights. Two new judges joined the Court in 2016, and they seem to consolidate this restrictive approach. The article examines a series of decisions on social rights from 2012 to 2018 in order to provide a more detailed description of the process and its possible future development.
