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Joaquín Pablo Reca
El presente trabajo se edifica con el ánimo de reflejar cómo, a pesar de sus indubitables contribuciones en las contiendas judiciales, el instituto del amicus curiae puede suscitar tensiones respecto de aquellos derechos y garantías que sustentan todo debido proceso. En particular hablamos de la “igualdad”, la “defensa en juicio” y de la “celeridad” que toda actuación jurisdiccional exige a la hora de otorgarle operatividad a los derechos fundamentales. En ese orden, atenderemos en la regulación que, para el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, prevé la ley 14.736, cuyo articulado deja entrever matices vinculados a las mencionadas garantías procesales. Por ello, con la finalidad de develar estos aspectos deficitarios de la ley, nos basaremos en distintos pronunciamientos de la Suprema Corte provincial que, en última instancia, permitirán advertir la importancia que conlleva el resguardo de estos principios procesales. Desde luego, y al encontrarse en juego disposiciones de orden constitucional y convencional, esta línea argumental no podía desconocer la labor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en tanto sus postulados complementan el análisis cuantitativo de este trabajo.
