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El presente trabajo se centra en el estudio del proceso de elaboración de las ordenanzas locales, especialmente tras la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula en su artículo 129, los principios de buena regulación. Se plantea si podemos entender que ajustarse a los mismos impone a las administraciones locales la elaboración de una memoria de análisis de impacto normativo en el procedimiento de elaboración de las ordenanzas locales que justifique la adaptación a los mismos. Analizamos las diferentes interpretaciones doctrinales, así como los pronunciamientos judiciales recaídos hasta el momento sobre la materia, con especial referencia a las sentencias 445-446-447/2020, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que anularon parcialmente la Ordenanza de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, conocida como «Madrid Central» por defectos en el proceso de elaboración de la misma.
