La legislación estatal y autonómica aprobada en materia de transparencia desde el año 2013 ha mejorado el acceso a la información pública por parte de la ciudadanía en general. Estos avances también deben ser aplicados a los concejales y diputados locales para no hacerlos de peor condición, sin perjuicio de actualizar la antigua legislación de régimen local con la finalidad de incrementar la seguridad jurídica. Tras las leyes de transparencia, el derecho de los cargos electos a la información pública ha de verse fortalecido.