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Durante las tres últimas décadas, la Comunidad Autónoma de Andalucía ha desarrollado su propia política pública de I+D en materia sanitaria y de salud pública. Esta política pública, sin embargo, se ha hecho descansar fundamentalmente sobre entes privados instrumentales creados por la propia Administración y regidos por el Derecho Privado. Como resultado, esta política ha estado sometida a un régimen jurídico altamente disfuncional para los intereses públicos. Una reciente proposición de ley planteó la sustitución de estos entes instrumentales privados por una nueva Agencia administrativa de investigación sometida al Derecho Público. Aunque la proposición entró rápidamente en vía muerta, el presente trabajo analiza los principales cambios que proponía, sus fundamentos jurídicos y su posible impacto en la situación actual.
The Autonomous Community of Andalusia has carried out, during the last three decades, its own public policy in R&D on public health and sanitary issues. However, this public policy has largely relied upon private legal persons, created by the Public Administration but subject to Private Law. As a result, this public policy has been ruled by a legal regime highly inconvenient for the public interest. A recent draft legislation proposed the substitution of those private legal persons by a new public research Agency subject to Public Law. This draft legislation was soon abandoned. Nevertheless, this paper analyses the main changes proposed therein, its legal grounds and their foreseeable impact in the current situation.
