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Pilar Martín Palacios
La digitalización de la Administración supone la apertura de un amplio abanico de oportunidades al sector público español. No obstante, no deben obviarse los riesgos derivados de la implementación de tecnologías disruptivas en el seno de las estructuras administrativas. En ese sentido, resulta fundamental en la configuración de la Administración electrónica la debida observancia de los derechos de los ciudadanos. El perseguido (y, en ocasiones no alcanzado) equilibrio entre potestades públicas y derechos de los administrados presenta uno de los mayores retos que afronta la Administración digital. En ese contexto, en este artículo se reflexiona sobre algunos de los derechos consagrados en la Carta de Derechos Digitales como documento de referencia
The digitization of the Administration opens up a wide range of opportunities for the Spanish public sector. However, the risks derived from the implementation of disruptive technologies within the administrative structures should not be ignored. In this sense, due observance of citizens» rights is fundamental in the configuration of e-Government. The sought-after (and sometimes unachieved) balance between public powers and the rights of the administered is one of the greatest challenges facing digital administration. In this context, this article reflects on some of the rights enshrined in the Charter of Digital Rights as a reference document.
