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Alejandro Sánchez González
Vivimos en un mundo de creciente inequidad. El sistema económico neoliberal ha aumentado la brecha entre ricos y pobres, concentrando la riqueza en unas cuantas manos. Esto pone en riesgo la vida de millones de personas y amenaza la subsistencia del propio sistema neoliberal. Para revertir esta inercia, resulta esencial la promoción de los derechos económicos y sociales (des). No obstante, los des han sido tratados como derechos de segunda clase, como normas programáticas sin contenido legal. Por ello, mientras no sean tratados como cualquier otro derecho humano, la efectividad de las estrategias para su implementación será muy limitada. Siguiendo esta idea, en 2016 Philip Alston, relator especial de las Naciones Unidas sobre la pobreza extrema y los derechos humanos, desarrolló el marco rir (Reconocimiento, Institucionalización y Rendición de cuentas/ Responsabilidad) como una herramienta que permite identificar los componentes necesarios para la exitosa implementación de los des. Así, este artículo propone una nueva mirada a la situación de estos derechos en México, y a la vez explora los alcances del marco rir, como modelo de análisis que no ha sido suficientemente discutido en nuestro país, el cual recorre integralmente el reconocimiento legal de los des, su grado de institucionalización y los mecanismos de rendición de cuentas que se tienen para que los titulares de deberes tomen responsabilidad de sus actos. De esta manera, se llega a la conclusión de que el régimen legal e institucional de México cumple con suficiencia los estándares del marco rir, por lo que la falta de progreso en este ámbito no está determinada por una falla estructural. Sin embargo, a nivel operativo, esto es, en el desempeño de las agencias estatales, problemas crónicos como la impunidad, la corrupción y la falta de voluntad política, obstaculizan la realización de los des.
We live in a world of increasing inequality. The neoliberal economic system has widened the gap between the rich and the poor, concentrating wealth in just a few hands. This puts the lives of millions of people at risk and threatens the subsistence of the neoliberal system itself. To reverse this inertia, the promotion of economic and social rights (esr) is essential. However, esr have been treated as second-class human rights, or as programmatic norms deprived of legal content. Therefore, if esr are not treated like any other human right, the effectiveness of the strategies to implement them will be very limited. Following this idea, Philip Alston, United Nations Special Rapporteur on extreme poverty and human rights, developed in 2016 the ria framework (Recognition, Institutionalization and Accountability) as a tool to identify the components for the successful implementation of esr. Thus, this article proposes a new perspective on the situation of esr in Mexico, and explores the scope of the ria framework, as an analytical model that has not been sufficiently discussed in the country, which integrally traverses the legal recognition of esr, their level of institutionalization and the accountability mechanisms that exist so the duty bearers take responsibility for their actions. We will conclude that Mexico’s legal and institutional regime sufficiently complies with the ria framework standards, so the lack of progress in this field is not determined by a structural failure. However, at the operational level, that is, in the performance of state agencies, chronic problems such as impunity, corruption and lack of political will, hinder the realization of esr.
