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Adriana Rodas Merino, Jhossueth Heriberto Almeida Villacís, Sebastián Correa Jimenez
El reconocimiento constitucional del arbitraje como mecanismo alternativo de solución de controversias ha propiciado una relación entre este mecanismo y la norma suprema. En el arbitraje en equidad, los árbitros deciden la controversia según su leal saber y entender, sin necesidad de fundamentarse en norma jurídica alguna, a pesar de lo cual guarda una estrecha relación con el derecho constitucional al debido proceso. Esto quiere decir que, además de tener como límite al orden público, su procedimiento debe ser de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Arbitraje y Mediación. Además, pese a no basarse en el derecho sustantivo, el laudo debe ser necesariamente motivado, pues está sujeto a un control constitucional. El presente análisis tomará en consideración el estándar de actuación del árbitro en equidad y discutirá su relación con el derecho procesal. También se determinará si el laudo en equidad debe o no ser motivado. Finalmente, se examinará la posibilidad del control constitucional en esta materia.
The constitutional recognition of arbitration as an alternative mechanism for dispute resolution mechanism has fostered a relationship between this mechanism and the Constitution. In equity arbitration, arbitrators decide a dispute to the best of their knowledge, without having to rely on any legal norm. Nevertheless, arbitration in equity is closely related to the constitutional right to due process. This means that, in addition to having public order as a limit, its procedure must be in accordance with the provisions of the Arbitration and Mediation Law. Furthermore, despite not being based on substantive law, the award must necessarily be motivated, as it is subject to constitutional control. This analysis will take into consideration the standard of performance of the arbitrator in equity and will discuss its relationship with procedural law. It will also be determined whether or not the award in equity must be motivated. Finally, the possibility of constitutional control in this matter will be examined.
