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Gustavo Andrés Villacreses Brito, María Paula Marroquín Ruiz, Genesis Ariana Bermeo Gallegos
El Estado tiene diversas potestades, entre ellas, la facultad de administrar justicia. Un eje transversal en este ejercicio es el debido proceso, que contiene el derecho a la defensa. Este, a su vez, tiene como una de sus garantías fundamentales el derecho a recurrir la decisión resultante. Sin embargo, no solo el Estado ha buscado ejercer estas facultades, sino que paralelamente los particulares se han organizado para la institucionalización privada de la justicia. El resultado es la existencia de métodos alternativos de solución de conflictos. Uno de ellos es el arbitraje. Este ha sido regulado específicamente en la legislación ecuatoriana por la Ley de Arbitraje y Mediación. No obstante, esta norma ha restringido el derecho a recurrir los laudos. Dicha prohibición ha sido respaldada por la Corte Constitucional a través de tres argumentos principales que los ha expuesto en la absolución de consultas constitucionales. En este trabajo se analiza la validez y coherencia de estos fundamentos empleados para defender la constitucionalidad de esta limitación. El primer argumento, afirma que la prohibición es legítima por ser legal, pero descuida la supremacía constitucional. El segundo, defiende la presunta carencia de potestad jurisdiccional en el arbitraje, pero no considera que el ordenamiento ha envestido al arbitraje con una naturaleza jurisdiccional y con carácter de servicio público. Finalmente, el tercero, asume una renuncia al derecho al doble conforme que las partes realizan en el negocio arbitral, olvidando que los derechos constitucionales son irrenunciables. Como resultado, se encuentra en tela de duda la constitucionalidad de la inapelabilidad de los laudos en Ecuador. Finalmente, se recomienda como alternativa la creación de un sistema de doble instancia arbitral y así preservar su naturaleza privada, pero sin desconocer su carácter jurisdiccional.
The State has various powers, including the power to administer justice. A transversal axis in this exercise is the right to due process, which contains the right to defense. The latter includes the fundamental guarantee of right to appeal the decision. However, not only the State has sought to exercise these faculties, but at the same time individuals have organized themselves for the private institutionalization of justice. The result is the existence of alternative dispute resolution. One of these methods is arbitration. It has been specifically regulated in the Ecuadorian legislation by the Statute of Arbitration and Mediation. However, this statute has restricted the right to appeal the awards. This prohibition has been supported by the Constitutional Court through three main arguments that have been exposed in the acquittal of constitutional consultations. This paper will analyze the validity and coherence of these arguments used to defend the constitutionality of this limitation. The first argument states that the prohibition is legitimate because is done through a statute, but it neglects constitutional supremacy. The second, defends an alleged lack of jurisdictional authority in arbitration, but it does not consider that Ecuadorian law has recognized the jurisdictional and public service nature of arbitration. Finally, the third argument states that, through the arbitration agreement, parties assume a waiver of the right to appeal the award, but it forgets that constitutional rights are inalienable. As a result, the constitutionality of the non-appealability of the awards in Ecuador is in doubt. Finally, it is recommended as an alternative, the creation of a system of appeal courts inside arbitration, to preserve its private nature but without ignoring its jurisdictional nature.
