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Ricard Martínez Martínez 
En este número presentamos al lector un análisis de la Ley Orgánica para la protección de datos personales en la investigación, enjuiciamiento de delitos y ejecución de penas que traspone la Directiva 2016/680. Sin embargo, esta trasposición no cierra círculo alguno. El Reglamento General de Protección de Datos, se nos decía, iba a sustituir la Directiva 95/46/CE, acabar con la fragmentación legislativa nacional y a regular la materia de modo general. Nada más lejos de la realidad. Esto era algo obvio para los expertos, para el constituyente del 78, y para el Tribunal Constitucional desde la STC 254/1993. El derecho fundamental a la protección de datos es un derecho de naturaleza instrumental, relacional, contextual, esencialmente adjetivo.
