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Ana de la Puebla Pinilla 
En la década de los noventa, el Consejo de Administración de la OIT identificó, junto con los ocho convenios fundamentales, otros cuatro convenios a los que se consideró instrumentos prioritarios en atención a su importancia para el funcionamiento del sistema de normas internacionales del trabajo. Tales convenios son los referidos al tripartismo, la política de empleo y la inspección de trabajo. En concreto: el Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122), el Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 [y Protocolo, 1995] (núm. 81), el Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) y el Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144).
En el año 2008, la Declaración de la OIT sobre la Justicia Social les calificó expresamente como Convenios de gobernanza, atendiendo a la vinculación de su contenido con los principios básicos que ordenan la actuación normativa de la OIT. De este modo, la Organización Internacional identifica los principios fundamentales en los que reside la garantía de la eficacia de su actuación normativa y la gobernanza de las normas laborales internacionales. Elemento angular de este modelo de gobernanza es el tripartismo que, reposando en el reconocimiento del diálogo social, forma parte del ADN de la propia organización internacional desde su constitución. Diálogo social que ha de estar presente en la adopción de políticas de empleo adecuadas para garantizar el trabajo decente y la justicia social. Un modelo de gobernanza que requiere, además, la existencia un sistema de inspección que garantice el cumplimiento de las normas internacionales. Principios y objetivos que se recogen y tutelan en los denominados Convenios de gobernanza.
La relación e interdependencia de los cuatro Convenios de gobernanza se justifica en que sus objetivos son la promoción del empleo, el fortalecimiento de los sistemas nacionales destinados a garantizar el cumplimiento de las normas de trabajo y a favorecer la participación activa de empleadores y trabajadores en consultas tripartitas sobre el contenido y aplicación de las normas internacionales del trabajo.
En definitiva, a través del sistema normativo de la OIT, que engloba la asistencia técnica y un mecanismo de control encargado de supervisar la aplicación de normas en los estados miembros, estos convenios desempeñan una función esencial en la promoción de un empleo pleno, productivo y libremente elegido, en el fortalecimiento de la cohesión social por medio del diálogo social, y en el mantenimiento de las condiciones decentes de trabajo por medio de un servicio de inspección del trabajo eficaz.
El objetivo que ha guiado a la OIT en relación con los Convenios de gobernanza durante las últimas décadas ha sido el de fomentar su ratificación y aplicación por los Estados miembros, desde la consideración de que, por su contenido, constituyen junto con los convenios fundamentales, elementos esenciales del aparato normativo de la OIT, imprescindibles para la consecución de unas relaciones laborales basadas en el tripartismo y donde, por tanto, el diálogo social juega un papel esencial.
El Convenio sobre las consultas tripartitas nº 144 OIT se adoptó con el objetivo de promover la aplicación del diálogo social tripartito en la elaboración y la aplicación de las normas internacionales del trabajo. Por su contenido y sus objetivos, este Convenio entronca con la esencia de la propia OIT, organismo cuya principal seña de identidad, desde su misma constitución, es su carácter tripartito. El objetivo del Convenio 144 es precisamente trasladar al ámbito nacional ese sistema de cooperación tripartita propio de la OIT al menos en materia de normas internacionales.
La promoción del empleo aparece también identificada en la Constitución de la OIT como una de las condiciones que deben mejorarse para evitar que la injusticia, la miseria y las privaciones para gran número de seres humanos causen un descontento tal que ponga en peligro la paz y armonía universales. A lo largo de los años de existencia de la OIT han sido numerosos los Convenios y Recomendaciones que han tratado y regulado aspectos básicos sobre colocación y política y promoción del empleo. Entre ellos ocupa, sin duda, un lugar preeminente el Convenio sobre políticas activas de empleo, núm. 122, adoptado en 1964, que exige a los Estados que lo han ratificado que declaren formalmente y lleven a cabo una política activa destinada a fomentar el pleno empleo, productivo y libremente elegido, en consulta con los representantes de los trabajadores y de los empleadores, incorporando así el diálogo social como fórmula esencial de actuación y gobernanza en el diseño de las políticas de empleo.
Pero la gobernanza también debe ser garantizada. Sobre esta idea, el fortalecimiento de la Inspección del Trabajo tiene como efecto el fortalecimiento de la institucionalidad internacional y estatal y de la gobernanza democrática. El Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 [y Protocolo, 1995] (núm. 81) y el Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129), son los pilares de este sistema, en la medida en que a través de ellos se busca construir un sistema de inspección del trabajo eficaz, requisito imprescindible para la aplicación efectiva de las normas internacionales del trabajo.
La declaración de estos instrumentos normativos como Convenios de gobernanza ha ido acompañada de una ingente tarea por parte de la OIT dirigida a fomentar la ratificación y aplicación de los mismos por parte de los Estados miembros de la OIT, desde la premisa de que la generalización de los principios que subyacen a tales convenios, junto con los recogidos en los denominados convenios fundamentales, favorece el objetivo de promover el trabajo decente, que requiere crear potencial e instituciones nacionales capaces de promover el empleo, fortalecer los sistemas nacionales para garantizar el cumplimiento de las normas del trabajo, en particular mediante la inspección del trabajo, y las consultas tripartitas.
In the 1990s, the ILO Governing Body identified, together with the eight fundamental Conventions, four other Conventions that were considered priority instruments in view of their importance to the functioning of the international labour standards system.
Such agreements are those related to tripartism, employment policy and labour inspection. More specifically: The Employment Policy Convention, 1964 (No. 122), the Labour Inspection Convention, 1947 [and Protocol, 1995] (No. 81), Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) and the Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention 1976 (No. 144).
In 2008, the ILO Declaration on Social Justice explicitly described them as governance Conventions, taking into account the link of their content to the basic principles that guide the ILO regulatory policy. This way, the International Organization identifies the fundamental principles underlying the effectiveness of its regulatory policy and the governance of international labour standards. A cornerstone of this governance model is the tripartism that, relying on the recognition of social dialogue, has been part of the DNA of the international organization itself since its constitution. This social dialogue has to be present in the adoption of appropriate employment policies to ensure decent work and social justice. A governance model that also requires the existence of an inspection system that ensures compliance with international standards. Principles and objectives that are included and protected in the so-called Governance Conventions.
The relationship and interdependence of the four Governance Conventions is justified in the fact that their objectives are the promotion of employment, the strengthening of national systems aimed at ensuring compliance with labour standards and encouraging the active participation of employers and workers in tripartite consultations about the content and implementation of international labour standards.
Ultimately, through the ILO normative system, which encompasses technical assistance and a monitoring mechanism to monitor the implementation of standards in member States, these Conventions play a key role in promoting full, productive and freely chosen employment, in strengthening social cohesion through social dialogue, and in maintaining decent working conditions through an effective labour inspection service.
The objective that has guided the ILO in relation to Governance Conventions over the last decades has been to promote their ratification and implementation by member States, since they consider that, because of their content and together with fundamental Conventions, they are essential elements of the ILO normative apparatus, which are essential for the achievement of labour relations based on tripartism and where, therefore, social dialogue plays an essential role.
ILO Tripartite Consultations Convention No. 144 was adopted with the aim of promoting the application of a tripartite social dialogue in the development and implementation of international labour standards. Because of its content and objectives, this Convention is linked to the essence of the ILO itself, an organization whose main identity has been its tripartite character since its very constitution. The objective of Convention 144 is precisely to translate this ILO-specific system of tripartite cooperation into national level, at least on international standards.
The promotion of employment is also identified in the ILO Constitution as one of the conditions that must be improved in order to prevent injustice, misery and deprivation for a large number of human beings from causing such discontent as to jeopardize universal peace and harmony. Over the years of the ILO’s existence, there have been numerous Conventions and recommendations that have addressed and regulated basic aspects of employment and employment policy and promotion. Among them, one of the most pre-eminent is the Convention on Active Employment Policies, No. 122, adopted in 1964, which requires ratifying States to formally declare and implement an active policy aimed at promoting full, productive and freely chosen employment, in consultation with representatives of workers and employers, thus incorporating social dialogue as an essential formula for action and governance in the design of employment policies.
But governance must also be guaranteed. On this idea, the strengthening of the Labour Inspectorate has the effect of strengthening international and State institutions and democratic governance. Labour Inspection Convention, 1947 [and Protocol, 1995] (No.
81) and the Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) are the pillars of this system, as it seeks to build an effective labour inspection system, a prerequisite for the effective implementation of international labour standards.
The declaration of these normative instruments as Governance Conventions has been accompanied by an enormous effort by the ILO to encourage ratification and implementation of them by ILO member States, on the premise that the generalization of the principles underlying such Conventions, together with those contained in the socalled Fundamental Conventions, favours the objective of promoting decent work, which requires creating potential and national institutions capable of promoting employment, strengthening national systems to ensure compliance with labour standards, in particular through labour inspection, and tripartite consultations.
