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María Emilia Casas Baamonde 
Durante muchos decenios los Convenios aprobados por la Conferencia General de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) se clasificaban únicamente por su número de orden, correspondiente a la fecha de su aprobación en el tiempo. Naturalmente los numerosos Co0nvenios aprobados –190 en el momento actual– no han tenido la misma trascendencia normativa ni la misma influencia en la constitución, fortalecimiento o complemento de los ordenamientos nacionales. Es en un determinado momento histórico cuando se considera que algunos de esos convenios –ocho concretamente– merecían la consideración de Convenios Fundamentales, por constituir los instrumentos normativos en los que técnicamente se soporta la Declaración relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento de 1998 de la OIT, relativos a la libertad sindical y de asociación y derecho de negociación colectiva; a la eliminación del trabajo forzoso; a la abolición del trabajo infantil; y a la eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación), instrumentos éstos que todos los miembros de la Organización han de respetar con independencia de que sean o no objeto de ratificación formal, aunque en todo caso, esa ratificación formal es esencial para la efectividad de la política normativa de la OIT y la universalidad real de sus normas.
Esta Declaración relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, 1998, expresa los ideales de la OIT respecto de derechos intrínsecos del ser humano en el trabajo cuya aplicación debe ser universal y cuya violación debe ser universalmente reprobada.
Los derechos allí reconocidos son una manifestación de los principios y derechos constitucionales de la Organización y tienen un régimen jurídico propio en los convenios que los han desarrollado mediante un conjunto de derechos y obligaciones, convenios que por regularlos son considerados fundamentales dentro y fuera de la Organización.
Dentro del amplio campo de las normas internacionales del trabajo esos convenios fundamentales están en “el centro” y sirven de inspiración a las actividades y programas desarrollados para complementarlos y, en el plano de las empresas, su cumplimiento es marca distintiva de su responsabilidad social.
En el enfoque de la Declaración los derechos fundamentales en el trabajo de la OIT transitan desde su Constitución y la Declaración de Filadelfia a través de esos convenios fundamentales para llegar a la Declaración. Llega a decir la Declaración de ella misma que es una reiteración de los textos constitucionales, aunque no tenga su misma naturaleza jurídica, lo que no ha sido ajeno a críticas, políticas y doctrinales, por la debilidad del instrumento elegido para la proclamación de los principios y derechos fundamentales en el trabajo al cierre del siglo XX, además de por la escasez de los derechos a los que se ha otorgado la condición de fundamentales en comparación con la relación programática principal de la Declaración de Filadelfia. Representa una “plataforma social mínima de ámbito mundial”, en la calificación del Director General de la OIT de la época, Michel Hansenne.
Dentro de la Organización, la discusión sobre la identificación de los derechos y de los convenios fundamentales venía de lejos, de la segunda mitad del pasado siglo, alcanzándose un acuerdo informal, tras la aprobación del Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111), de que, además de la no discriminación, eran derechos de esa categoría la libertad sindical y el trabajo no forzoso y que sus convenios reguladores eran fundamentales para la Organización. El grupo de los trabajadores mantuvo, desde los primeros años 80, el reconocimiento especifico de ese carácter, para lograr su aplicación universal, a los convenios sobre el trabajo forzoso, la discriminación y la libertad sindical En las sesiones de la Conferencia Internacional de 1994 sobre el alcance de las normas internacionales del trabajo quedaron fijados los derechos fundamentales en cuya observancia persistían o aparecían problemas nuevos vinculados al nuevo orden económico y al comercio internacional. La Resolución de 22 de junio de 1994, conmemorando el 75º aniversario de la OIT “y su orientación futura”, aprobada por la 81ª Conferencia, indicó “la especial importancia de los convenios de la OIT que se ocupan de derechos fundamentales, incluidos los Convenios núms. 87, 98, 100, 29 y 105 y 111”, sin hacer referencia alguna al Convenio núm. 138 sobre la edad mínima de admisión al trabajo, lo que suscitó dudas acerca de si este Convenio se inspiraba en los principios de la Constitución y de la Declaración de Filadelfia y si, en consecuencia, era apropiada la consideración de convenio fundamental que le brindaba la Organización. Su Director General en su Memoria a la 93ª Conferencia de 1996, ya tras la Cumbre de Copenhague, al informar de la puesta en marcha de la campaña de promoción de la ratificación por los Estados de los “siete convenios fundamentales de la OIT”, incluyó en ellos el Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138).
El Consejo de Administración de noviembre de 1997, que incorporó al orden del día de la 86ª reunión de la Conferencia de 1998 “un punto adicional relativo a una Declaración sobre los derechos fundamentales, con inclusión de un mecanismo de seguimiento”, concretó los derechos fundamentales, vinculados a los principios de la Constitución y de la Declaración de Filadelfia, sobre los que, decía, existía un consenso cuyo alcance trascendía incluso a la OIT: los principios relativos a la prohibición del trabajo forzoso y del trabajo infantil, la libertad sindical y el derecho de sindicación y de negociación colectiva, igual remuneración para hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, y la no discriminación en el empleo, explicaba, han sido desarrollados por la Conferencia Internacional del Trabajo en las disposiciones específicas de los siete Convenios “fundamentales”, […] sin perjuicio de la posible inclusión en esa lista de un nuevo instrumento sobre las formas más intolerables del trabajo infantil […] Aun no conseguidos totalmente, en su centenario esos objetivos fundamentales, la OIT ha vuelto a recalcar su importancia como objetivo estratégico de su función institucional en su segundo siglo de vida y ha tratado de reconocer sin éxito un nuevo principio y derecho fundamental y nuevos convenios fundamentales: la protección de la seguridad y salud en el trabajo, que espera elevar su condición jurídica en el sistema normativo laboral internacional, porque en las imprescindibles alianzas institucionales y funcionales del sistema multilateral, los ocho Convenios Fundamentales son instrumentos normativos relevantes para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y de sus metas.
For many decades, the Conventions adopted by the General Conference of the International Labour Organization (ILO) were only classified by their serial number, corresponding to the date when they were passed. Of course, the numerous Conventions passed – 190 at the moment – have not had the same normative significance or influence on the constitution, strengthening, or supplementing national laws. It is at a certain historical moment when some of these Conventions – eight specifically – were considered Fundamental Conventions, as they constitute the regulatory instruments that are technically the pillars of the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work and its Follow-up of 1998, concerning freedom of association and collective bargaining rights; the elimination of forced labour; the abolition of child labour; and the elimination of discrimination in employment and occupation, instruments which all members of the Organization must respect regardless of whether they are formally ratified or not, although in any case, formal ratification is essential for the effectiveness of the ILO regulatory policy and the true universality of its rules.
This Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, 1998, expresses the ideals of the ILO with regard to the inherent rights of human beings at work, whose application must be universal and whose violation must be universally disapproved. The rights recognized therein are a manifestation of the constitutional principles and rights of the Organization and have a legal regime of their own in the Conventions that have developed them through a set of rights and obligations, Conventions which, in order to regulate them, are considered fundamental within and outside the Organization. Within the broad field of international labour rules, these fundamental Conventions are at the “centre” and inspire the activities and programs developed to complement them and, at corporate level, their implementation is a hallmark of their social responsibility.
In the approach of the Declaration, fundamental rights of the ILO at work pass from its Constitution and the Declaration of Philadelphia through these fundamental Conventions to reach the Declaration. The Declaration says about itself that it is a reiteration of constitutional texts, even if it is not of the same legal nature, which has been bound to political and doctrinal criticism because of the weakness of the instrument chosen for the proclamation of fundamental principles and rights at work at the end of the 20th century, in addition to the scarcity of the rights to which fundamental status has been granted in comparison to the main programmatic relationship of the Declaration of Philadelphia. It represents a “minimum social platform at a global level”, in the rating of the Director-General of the ILO at the time, Michel Hansenne.
Within the Organization, the discussion about the identification of fundamental rights and Conventions dates back to the second half of last century, having reached an informal agreement after the adoption of the Convention on Discrimination (Employment and Occupation), 1958 (number 111), that, in addition to non-discrimination, trade union freedom and non-forced labour were rights in that category and that their regulatory Conventions were fundamental to the Organization. Since the early 1980s, the group of workers had maintained the specific recognition of that nature, with a view to achieving its universal application, to the Conventions on forced labour, discrimination and freedom of association. The 1994 International Conference on the Scope of International Labour Standards established fundamental rights in which new problems related to the new economic order and international trade persisted or appeared. Resolution of 22 June 1994, commemorating the seventy-fifth anniversary of the ILO “and its future orientation”, adopted by the eighty-first Conference, underlined “the particular importance of the ILO Conventions dealing with fundamental rights, including Conventions 87, 98, 100, 29 and 105 and 111”, with no reference to Convention No. 138 on the minimum age of admission to work, which raised doubts as to whether this Convention was based on the principles of the Constitution and the Declaration of Philadelphia and whether, consequently, the consideration of fundamental Convention provided by the Organization was appropriate Its Director-General, in his report to the 93rd Conference in 1996, after the Copenhagen Summit, in reporting on the launch of the campaign to promote the ratification by States of the “seven ILO fundamental Conventions”, included in them the Minimum Age Convention, 1973 (No. 138).
The Governing Body of November 1997, which included “an additional item on a Declaration on Fundamental Rights, including a follow-up mechanism” on the agenda of the eighty-sixth session of the 1998 Conference, identified the fundamental rights linked to the principles of the Constitution and the Declaration of Philadelphia, on which, it said there was a consensus whose scope even went beyond the ILO: the principles concerning the prohibition of forced labour and child labour, freedom of association and the right to associate and collective bargaining, equal remuneration for men and women for work of equal value, and non-discrimination in employment have been developed by the International Labour Conference in the specific provisions of the seven “fundamental” Conventions, […] without prejudice to the possible inclusion in that list of a new instrument about the most intolerable forms of child labour […] Although these fundamental objectives have not been fully achieved, in its centenary, the ILO has re-emphasized its importance as a strategic objective of its institutional role in its second century of life and has sought to unsuccessfully recognize a new fundamental principle and right and new fundamental Conventions: the protection of safety and health at work, which hopes to raise its legal status in the international labour regulatory system, because in the indispensable institutional and functional alliances of the multilateral system, the eight Fundamental Conventions are relevant normative instruments for the fulfilment of the sustainable development goals of the United Nations Agenda 2030 and its goals.
