Acceso usuarios
Jorge Alejandro Filipini, Inés Selvood
Un enfoque de derechos en las políticas públicas, como mandato democrático y exigencia de la comunidad internacional, obliga a los Estados a observar estándares cada vez más precisos en materia de transparencia y rendición de cuentas. Es entonces imperioso dejar atrás la discrecionalidad en el diseño e implementación de políticas públicas y someter en tal sentido la actuación del Estado al escrutinio de la ciudadanía. En este trabajo, los autores profundizan en torno a las reglas de acceso a la información que rigen en materia de políticas públicas e indagan sobre cómo opera en tales circunstancias la prueba de interés público, en el entendimiento de que es necesaria mayor precisión para resolver casos difíciles en los que se presentan conflictos entre el derecho de acceso a la información y otros derechos fundamentales o intereses del Estado. Para ello traen a estudio dos casos por parte de los organismos garantes de acceso a la información de México y Argentina, en los que se decidió sobre la publicidad de los resultados de las políticas de evaluación educativa de docentes y alumnos.
A human rights perspective on public policy, as a democratic mandate and as a requirement of the international community, obliges States to observe increasingly precise standards in terms of transparency and accountability. It is therefore imperative to leave behind the discretion in the design and implementation of public policies and to submit the actions of the State to the scrutiny of citizenship. In this paper, the authors deepen around the rules of access to information that govern public policy and —in the understanding that greater precision is necessary to solve complex situations in which there is a conflict between the right to the information with another fundamental right or with a compelling interest of the State— analyze how a public interest test operates in two situations. The authors bring to the study the decision of the oversight bodies for access to information in Mexico and Argentina, regarding the publicity of the results of educational evaluation’s policies of teachers and students.
