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Pedro Rodríguez Guillén
Nos adentramos en el relevante papel que desempeñan las autoridades públicas como garantes de que la seguridad alimentaria de los distintos productos que consumimos sea efectiva a través de su regulación mediante normas tanto internas como a nivel internacional, fundamentalmente provenientes de la UE con el famoso Reglamento 178/2002. Para saber si lo que consumimos a diario cumple con las exigencias de toda índole es preciso delimitar el régimen jurídico de las medidas asumidas por el Poder Público, preferiblemente antes de que corra riesgo la seguridad alimentaria, y no después, verificando acto seguido la intervención de las distintas administraciones en este ámbito en aras de depurar la eventual responsabilidad administrativa a la que tendrían que hacer frente nuestras autoridades si dicha intervención provoca daños o riesgos inasumibles para la población.
