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Se trata aquí de advertir de manera somera acerca riesgo o amenaza sobre los logros regulatorios de protección ambiental alcanzados debido a la crisis sanitaria provocada por la conocida como la pandemia por la enfermedad COVID-19. A pesar de la dificultad para su reconocimiento, el principio de no regresión ambiental es posible fundamentarlo a través de la prohibición del artículo 191 TFUE, el artículo 37 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el artículo 193 TFUE que posibilita el «mantenimiento y adopción, por parte de cada Estado miembro, de medidas de mayor protección». No obstante, ante la situación de catástrofe sanitaria, que se suma a la económica y ambiental ya existentes, se ha optado por la desregulación ambiental ante estos graves escenarios de la pandemia, pues algunas comunidades autónomas han dictado medidas de relajación.
