Este trabajo trata de mostrar el impacto que la crisis de la COVID-19 ha producido en el ámbito de los contratos con consumidores. Para ello se destaca la publicación de una normativa excepcional de emergencia que, también en el aspecto contractual, ha pretendido atender, no al consumidor, sino a las personas y empresas más vulnerables. Se muestra también la dependencia del Derecho de consumo estatal respecto del creado en la Unión Europea, destacando que este último no es lo suficientemente ágil y flexible para responder a una catástrofe de la magnitud de la pandemia. Finalmente se expone cómo la experiencia de estos meses y los retos que en el futuro inmediato se presentan hacen prever un nuevo Derecho de los consumidores en el que, a juicio de la autora, será necesario hacer múltiples diferenciaciones.
This paper shows the impact of the COVID-19 crisis in the field of consumer contracts. It points out the exceptional emergency regulations which have sought to attend, not to the consumer, but the most vulnerable people and companies, also in the contractual aspect. It then shows the dependency of national Consumer Law on that created in the European Union, highlighting that the latter is not sufficiently agile and flexible to respond to a catastrophe of the magnitude of the pandemic. Finally, it shows how the experience of the last few months and the challenges that lie ahead in the immediate future make it possible to foresee a new Consumer Law in which, in the author’s opinion, multiple differentiations will need to be done.