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Antonio Miño López
El artículo 132 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, ha establecido una fórmula específica para excitar la diligencia de los órganos y entes de la contratación pública y de la autoridades de defensa de la competencia en el combate contra las prácticas anticompetitivos en la contratación pública: imponer a aquellos el deber de comunicar a éstas los indicios de dichas prácticas. La obligación de notificación se extiende a todo comportamiento presuntamente anticompetitivo que sea conocido por los órganos citados en aquel en el curso del procedimeinto de contratación o en cualquier otro acto o situación que derive del ejerccicio de sus funciones. El deber de comunicación general presenta normas complementarias en los artículos 150 y 69.2 LCSP, que prevén la suspensión del procedimeinto de contratación hasta que se reciba el informe de la autoridad de defensa de la competencia sobre la solidez de los indicios.
Article 132 of Law 2017/9, 8th of November, of public sector contracts, imposes on contracting authorities the duty to communicate to Competition agencies the evidence of bid rigging arising from the behaviour of bidders before or during the tender. Contracting bodies are therefore empowered and encouraged to actively participate in the war against collusion in public procurement. Two complementary articles -150 and 69.2- establish that tenders will be suspended until the contracting authority evaluate the report from the competition authority on the bid rigging tests. Article 69.2 singles out this scheme for temporary associations (consortia).
