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José Luis Monereo Pérez 
, Belén del Mar López Insua
En el Derecho de la Unión Europea se reconoce que la discriminación salarial —en sus diversas manifestaciones y vertientes— puede provenir de disposiciones legales, reglamentarias o administrativas que limiten el principio de libertad de circulación, en cuyo caso los Estados miembros están obligados a su supresión. Pero también derivar de los convenios colectivos o impuesta incluso en los contratos de trabajo.
En tales supuestos los Estados miembros deberán actuar de forma activa y vigilante declarando la nulidad de tales cláusulas o acuerdos o induciendo eficazmente a su modificación. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha desempeñado, en este punto, un papel primordial, siendo así su doctrina modelo para la promoción en la equiparación salarial por condiciones de género en todo el ámbito comunitario. A este respecto, la novísima sentencia del TJUE de 3 de junio de 2021, en el asunto C-624/19, se convierte en modelo de ese paradigma que pretende erigirse a nivel comunitario.
European Union law recognises that wage discrimination, in its various forms and aspects, may derive from laws, regulations or administrative provisions restricting the principle of freedom of movement, in which case the Member States are obliged to abolish them. But it also derives from collective agreements or even from employment contracts. In such cases, Member States should take active and vigilant action by declaring the nullity of such clauses or agreements or by effectively inducing their amendment. The Court of Justice of the European Union (CJEU) has, in this respect, played a leading role, thus being its model doctrine for the promotion of equal pay for gender conditions throughout the Community. In this respect, the very new judgment of the CJEU of 3 June 2021, in case C-624/19, becomes a model of this paradigm that aims to be erected and achieved at Community level.
