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Pilar Charro Baena
El Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, no es una más de las reformas que nuestra legislación del trabajo ha sufrido en los últimos años, ni es simplemente una continuación de las realizadas en 2010 y 2011, aunque sí sea tributaria de ellas en algunos aspectos. Se trata de una reforma estructural y de envergadura, que altera algunos de los cimientos en los que se asentaba nuestro modelo de relaciones laborales. Con la finalidad de facilitar la creación de empleo, corregir las debilidades del modelo laboral español y, fundamentalmente, contribuir al saneamiento a la mejora de la economía, amén de cumplir exigencias internacionales, se busca atender a las necesidades organizativas de la empresa, fortalecer los mecanismos de adaptación de las condiciones de trabajo a las circunstancias concretas que atraviese la empresa y favorecer la descentralización de la negociación colectiva para propiciar una negociación de las condiciones laborales en un nivel más cercano a la realidad de las empresas y de sus trabajadores.
