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Carmen Viqueira Pérez
La situación derivada del COVID-19 ha propiciado un crecimiento exponencial del teletrabajo. Si en 2019 solo un 4,8% de los ocupados trabajaba desde casa normalmente o más de la mitad de los días, durante las semanas de restricción de la movilidad, el porcentaje de trabajadores en teletrabajo se incrementó hasta alcanzar el 34%. Este dato basta para comprender el interés del legislador en regular un tipo de prestación de trabajo que, de entrada, parece ofrecer ventajas a las dos partes de la relación: proporciona a la empresa un ahorro de costes (instalaciones, mobiliario, mantenimiento de infraestructuras) al tiempo que proporciona al trabajador una herramienta útil para la conciliación de la vida personal, laboral y familiar, y favorece la integración de personas con discapacidad. A este interés responde el Anteproyecto de Ley de Trabajo a Distancia cuya aprobación se anuncia como inminente.
