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Este artículo examina el impacto de la reforma al sistema de justicia penal en México aprobada en 2008, en específico sobre el uso de tortura y malos tratos en la obtención de confesiones de culpabilidad. Los datos sobre las denuncias presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y sobre las encuestas a población privada de su libertad compilados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se utilizaron para evaluar si el uso de la tortura y los malos tratos por parte de operadores del sistema de justicia disminuyeron (1) en los estados con niveles avanzados de implementación de la reforma y (2) en los distritos judiciales a partir de la implementación del nuevo sistema. La autora explora la incidencia de confesiones forzadas antes y después de la implementación de la reforma penal a nivel de distrito judicial. La autora plantea la hipótesis de que a partir de la implementación del sistema se observarían disminuciones en el uso de tortura y malos tratos, así como en la incidencia de confesiones forzadas. Para tal efecto, se emplearon pruebas básicas de correlación y regresión para evaluar la hipótesis geográfica, además se utilizaron dos pruebas de independencia chi-cuadrado para los datos a nivel de distrito judicial. Los resultados de estos análisis demuestran que el cambio de sistema, en efecto, puede explicar disminuciones pequeñas, pero significativas, en la tortura, los malos tratos y las confesiones forzadas en México. La autora sostiene, sin embargo, que la implementación del sistema debe ser acompañada de otras medidas para abordar, específicamente, el uso generalizado de la tortura y los malos tratos en México.
This article examines the impact of Mexico’s 2008 criminal justice reform on the practice of utilizing torture and mistreatment to extract criminal confessions. Complaint data submitted to the National Commission on Human Rights (Comisión Nacional de Derecho Humanos, CNDH) and detainee survey data compiled by the National Institute for Statistics and Geography (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI) were employed to assess if the use of torture and mistreatment by judicial sector operators had decreased (1) in states with advanced levels of reform implementation and (2) in judicial districts that had already implemented the reform. The author also examined the incidence of forced confessions before and after the reform’s implementation at the judicial district level. The author hypothesized that decreases in torture, mistreatment, and forced confessions would be observed in each of these cases. Basic correlation and regression tests were employed to assess the geographic hypothesis, while two chi-square tests for independence were used for judicial district data. The results of these analyses demonstrate evidence rejecting the null hypothesis in each instance, suggesting that the reform can indeed be credited for small but meaningful reductions in torture, mistreatment, and forced confessions in Mexico. The author argues that reforms must be accompanied by further action to address the pervasive use of torture and mistreatment in Mexico.
