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En el presente trabajo pretende hacer un análisis del régimen jurídico del arbitraje obligatorio que pone fin a una huelga y que tiene su regulación en el vigente art. 10.1. del Real Decreto-Ley 17/1977. Se intenta presentar la discreta reaparición de esta figura tras su depuración por el Tribunal Constitucional en la sentencia 11/1981.
Si bien es cierto que los tratadistas de principios de los noventa realizaron un estudio completo del régimen jurídico de esta institución, quizá ahora nos encontremos en mejores condiciones para, partiendo de sus valiosas aportaciones, hacer una aproximación sobre una realidad práctica que apenas se conocía en aquellas fechas, pues se ha triplicado el número de arbitrajes obligatorios en la última década, pasando de los 5 arbitrajes detectados en el periodo 1981 a 1992, hasta alcanzar el número de 15 en el último decenio. Por otro lado, si bien la doctrina judicial no ha aumentado en igual proporción, lo cual nos indica que los laudos han sido aceptados con total desagrado, si ha permitido tener una mejor perspectiva de la evolución que ésta ha tenido.
Entrando en el contenido, se inicia la exposición con unas necesariamente breves consideración de orden general para ubicar al lector en el contexto del arbitraje dentro del ordenamiento jurídico en general, sobre el arbitraje obligatorio en particular y, por último, de la regulación del arbitraje laboral. También se repasa sucintamente el debate doctrinal sobre la naturaleza jurídica del arbitraje obligatorio que pone fin a la huelga.
A partir de ese momento, el método expositivo que se utiliza es el de analizar cada uno de los elementos que componen la estructura del acto impositivo y del laudo, poniéndolos en relación con la experiencia práctica acumulada a través de los arbitrajes acordados. Se dedica especial atención a la motivación del acto y a la parte dispositiva del mismo, pues en ésta última se encuentran los elementos que conforman el singular "convenio arbitral" de esta institución.
La figura del árbitro y el requisito de su imparcialidad, es otro de los núcleos temáticos analizado, reflexionando, precisamente, sobre la idoneidad presunta de que hasta ahora han gozado los representantes de la autoridad pública o los funcionarios para arbitrar en conflictos en los que la Administración tiene interés, siquiera de forma "indirectamente" sectores relacionados con la gestión indirecta de servicios públicos.
