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Madrid, España
La CE atribuye a la ley un papel central para el derecho que reconoce a los trabajadores de adaptar sus condiciones de trabajo por razones de conciliación de la vida laboral y familiar. Sin embargo, la problemática radica en muchos casos en la ponderación judicial que se haga de las necesidades de conciliación del trabajador y de las necesidades organizativas y/o productivas de la empresa. El presente estudio señala que la renuncia del legislador al papel de intermediación que le es propio y la remisión a la jurisdicción ordinaria de la ponderación de los derechos y bienes constitucionales en conflicto, presenta asimismo un grave hándicap: ignora o minusvalora el coste que en términos de seguridad jurídica y litigiosidad judicial comporta remitir el conflicto a una valoración judicial ad casum.
Spanish Constitution regards to the law the regulation of the right to adaptation of working time for reasons of reconciling work and family life. However, the critical issue in this matter lies in many cases on the judicial assessment of the family care needs of the employee and the organizational and productive needs of the employer. This paper shows that the legislator’s renunciation of the role of intermediation that is its own and the referral to the ordinary jurisdiction of the weighting of conflicting constitutional rights and property also presents a serious handicap: ignores or it underestimates the cost in terms of legal certainty and judicial litigation involved in remitting the conflict to a judicial valuation ad casum.
