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La pandemia de la Covid-19 ha ocasionado la caída de las economías y el incremento del desempleo, la pobreza y la desigualdad. Esto ha influido para retomar el concepto de renta básica, que busca trascender desde una visión asistencialista del Estado hacia una sociedad equitativa que garantice el bienestar de su población. El objetivo de este trabajo es realizar una evaluación ex ante de los efectos en pobreza y desigualdad de la adopción de la renta básica en Ecuador. Para ello, se recurre a un ejercicio de microsimulación con base en la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo —Enemdu (Instituto Nacional de Estadística y Censos [INEC], 2019)—. Los resultados señalan que, mediante la asignación de una renta mensual igual al valor de la línea de pobreza por ingresos para adultos y de 30% para menores de edad, la pobreza monetaria pasaría de 25 a 6%; el estrato medio ascendería a la mitad de la población, y el coeficiente de Gini se reduciría de 0.473 a 0.391. Esto supone un costo de 12.5% del producto interno bruto (PIB), con una necesidad de financiamiento mediante recursos adicionales de 51%. Se distinguen tres aspectos primordiales para pensar en la implementación de una política pública de este tipo: la voluntad política de las autoridades, un acuerdo nacional y una estrategia de financiamiento sostenible.
The COVID-19 pandemic has caused the fall of economies, and the increase of unemployment, poverty, and inequality. This has influenced getting back to the concept of basic income, which seeks to transcend from a welfare vision of the state into an equitable society that guarantees the well-being of its population. The objective of this work is to carry out an ex ante evaluation of the effects on poverty and inequality of the implementation of basic income in Ecuador. The methodology consists of a microsimulation exercise based on the Enemdu (Instituto Nacional de Estadística y Censos [INEC], 2019). The results indicate that by assigning a monthly transfer equal to the value of the income poverty line for adults and 30% for minors, income poverty would decrease from 25 to 6%; the middle tier would ascend to half of the population, and the Gini coefficient would decrease from 0.473 to 0.391. This represents a cost of 12.5% of gross domestic product (GDP), with a need for financing through additional resources of 51%. Three main aspects are distinguished to reflect on the implementation of a public policy of this type: the political will of the authorities, a national agreement, and a sustainable financing strategy.
