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Existe un amplio consenso entre los analistas sobre la necesidad de esperar a la superación de la pandemia y a que la economía se recupere para comenzar a implementar medidas de consolidación presupuestaria. No obstante, prevalece también el acuerdo de que hay que aprovechar el año 2021 para definir una estrategia eficaz y creíble que afronte los desafíos del déficit y la deuda pública, teniendo en cuenta el elevado déficit estructural que arrastra España desde hace años y la magnitud del choque económico provocado por la COVID-19.
Esa estrategia, que tendría ser anterior a las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea y a la desactivación del programa de compra de activos del BCE, debería ampliar el horizonte temporal del plan presupuestario, basándose en un amplio acuerdo político sobre la senda futura del déficit estructural, con un calendario que reparta los esfuerzos entre legislaturas, aun cuando pueda dejar en manos de cada gobierno la combinación elegida en términos de impuestos y gastos.
La reforma de la financiación autonómica, la evaluación de los programas de gasto público, la revisión de las reglas fiscales subcentrales y la mejora de la gobernanza fiscal multinivel son también condiciones necesarias en un Estado descentralizado como el español.
