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Javier Sanclemente Arciniegas
El texto plantea una reflexión sobre la protección jurídica de los denunciantes de actos de corrupción. Ese es un tema que merece gran atención a nivel internacional por ser una herramienta imprescindible en la lucha contra ese flagelo. En Colombia aún no ha sido implementada; sin embargo, el asunto ha cobrado relevancia por las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos - OCDE. Se trata de una forma de vincular las grandes empresas privadas a la lucha anticorrupción. Ella implica una nueva concepción de las corporaciones, propia del derecho del compliance. En ese marco las firmas son obligadas a desplegar estrategias internas con miras a dar cumplimiento efectivo a la ley. Esto comprende la proscripción del uso de la corrupción como una forma de conquistar nuevos mercados. Usando una metodología comparativa se estudia el régimen de esa institución en Francia y Estado Unidos. En la primera parte se observa quiénes son los sujetos que pueden ser considerados como denunciantes y cuál es el objeto de la protección. En la segunda parte se estudian las formas en que se les protege y el procedimiento que deben seguir las denuncias. Se concluye que es un instrumento útil que debería ser integrado al ordenamiento jurídico colombiano
