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Cristian Sánchez Benítez
La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, introdujo un nuevo delito contra la intimidad en el numeral séptimo del artículo 197 del Código penal, que castiga la difusión no autorizada de contenidos íntimos obtenidos con el consentimiento de la víctima. Desde su entrada en vigor, debido a la deficiente técnica legislativa empleada, surgieron varias interpretaciones en el ámbito doctrinal y jurisprudencial en torno a diversos aspectos del precepto, que dieron lugar a pronunciamientos jurisprudenciales contradictorios en distintas Audiencias Provinciales, los cuales se analizan en la primera parte de este trabajo. A continuación, se procede a comentar la Sentencia del Tribunal Supremo 70/2020, de 24 de febrero, que resolvió un recurso de casación promovido por la defensa de un sujeto condenado en aplicación del artículo citado y que clarificó algunas de estas discrepancias planteadas por la doctrina y la Jurisprudencia. Tras ello, finaliza este trabajo con la exposición de unas breves reflexiones finales a propósito de la regulación y de la referida Sentencia.
Organic Law 1/2015, of March 30, introduced a new crime against privacy in the seventh numeral of article 197 of the Criminal Code, that punishes the unauthorized dissemination of intimate content obtained with the consent of the victim. Since its entry into force, due to the deficient legislative technique used, several interpretations have arisen in the doctrinal and jurisprudential field around various aspects of the precept, which gave rise to contradictory jurisprudential pronouncements in different Provincial Courts, which are analyzed in the first part of this work. Next, the Supreme Court Sentence 70/2020, of February 24, is discussed, which resolved a cassation appeal promoted by the defense of a convicted person in application of the cited article and which clarified some of these discrepancies set out by the doctrine and Jurisprudence. After that, this work ends with the presentation of some brief final reflections regarding the regulation and the aforementioned Judgment.
