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El Anteproyecto de Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia, que modificará la Ley Orgánica del Poder Judicial, opta por la calificación de la Justicia como «servicio público» frente a su concepción clásica como uno de los tres poderes. En el presente artículo se indaga y explica por qué, a juicio de la autora, se ha elegido dicha denominación y cuál es la funcionalidad de esta elección.
