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El abuso del decreto-ley es una constante ciertamente criticada por la doctrina y, cada vez con más intensidad, por la jurisprudencia del TC. Durante la crisis sanitaria generada por la COVID 19, el Gobierno ha eclipsado al poder legislativo, desarrollando un desproporcionado ordenamiento jurídico de excepción, que incluye una ingente cantidad de decretos-leyes, sobre los que pesa la palmaria concurrencia de «patologías» típicas que provocan la desnaturalización de este instrumento jurídico de urgencia, tales como la ausencia de presupuesto habilitante, el exceso en sus límites materiales, la inclusión de normas de acompañamiento o, más novedosas, como es la omisión de antecedentes fundamentales en el trámite de convalidación.
