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Eduardo Bandrés Moliné 
La Seguridad Social afronta el año 2021 con una previsión de déficit de más de -14.000 millones de euros, a pesar de contar con un volumen de transferencias del Estado para apoyar su equilibrio financiero por otros 14.000 millones. Con estas transferencias se trata de atender la recomendación primera del Pacto de Toledo 2020 sobre consolidación de la separación de las fuentes de financiación de la Seguridad Social y restablecimiento de su equilibrio financiero.
El impacto de la crisis de la COVID-19 sobre cotizaciones y prestaciones probablemente será mayor que el que se contempla en el Presupuesto, pero el problema de fondo tiene más que ver con el déficit estructural actual –que se mantiene prácticamente inalterado desde 2014– y, sobre todo, con la necesidad de adoptar reformas en el sistema de pensiones que garanticen su equilibrio financiero a largo plazo. El esfuerzo del Estado para completar la financiación de los gastos de la Seguridad Social vía impuestos tiene un recorrido limitado, por el propio déficit estructural de la Administración central y porque supondría una alteración del modelo contributivo en que se basa el sistema.
