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Antonio Daher
El Estado, el mayor terrateniente, propietario de un tercio del territorio nacional, no dispone aún de un catastro de las tierras fiscales, mayores en superficie a Uruguay o Cuba, y apenas menores a Italia o Japón. Este estudio contribuye, en primer lugar, al análisis de la cartera de propiedades fiscales, urbanas y rurales, en cada región del país. Un segundo aporte del mismo es la evaluación de la gestión de la cartera de bienes nacionales, en términos de adquisiciones, disposición —incluidas las privatizaciones— y administración de los bienes raíces fiscales. Una tercera contribución es el análisis de los precios e ingresos —más de UF 7 millones en dos décadas— obtenidos por ventas y arriendos de tales propiedades, además de un ejercicio de avalúo de la cartera inmobiliaria fiscal.
El estudio, elaborando una base estadística de 1979 a 1997, permite evaluar prácticamente la gestión de los bienes nacionales fiscales de los últimos tres gobiernos, constatando, entre otras conclusiones, que en los 90 el Estado privatiza mucho menos, favoreciendo las ventas directas, a pesar de que los precios obtenidos en subastas y propuestas son sustancialmente mayores. Igualmente, se verifica que en la misma década los títulos gratuitos otorgados superan ampliamente a los conferidos en los 80.
La investigación demuestra, asimismo, que tanto la cartera de bienes raíces fiscales, como las ventas, los precios, e incluso los títulos gratuitos, presentan un fuerte sesgo geográfico, haciendo recomendable no sólo una ‘focalización’, sino en rigor una ‘localización’ de su gestión, abogando por una mayor descentralización a través de los gobiernos regionales y administraciones municipales.
Por último, luego del análisis de casi veinte años de gestión inmobiliaria estatal queda planteada la conjetura de la transición de un Estado terrateniente, en la acepción más bien crítica y peyorativa de este adjetivo —connotando falta de modernidad, menor productividad y escaso espíritu emprendedor—, a un Estado empresario, esta vez bajo la figura del Estado empresario inmobiliario.
