Acceso usuarios
Este estudio se centra fundamentalmente en el nuevo derecho de acceso a los elementos esenciales para impugnar la legalidad de la detención policial y en la afección de algunas de las garantías constitucionales relacionadas con él. Las garantías del detenido de carácter penal previstas en el art. 17 de la Constitución Española de 1978 (CE) y desarrolladas fundamentalmente en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), hasta las reformas de 2015, no se acomodaban plenamente a la normativa más reciente de la Unión Europea (UE). Mediante las LLOO 5/2015, de 27 de abril y 13/2015, de 5 de octubre, surgieron algunas discrepancias en la interpretación y aplicación de alguna de ellas, especialmente en relación con el nuevo derecho de acceso a los elementos de las actuaciones esenciales para impugnar la legalidad de la detención frente al acceso al atestado previo a la declaración del detenido en sede policial. Estas situaciones controvertidas han sido atendidas por la Comisión Nacional de Coordinación de Policía judicial (CNCPJ), Fiscalía General del Estado (FGE) y el Tribunal Constitucional (TC).
This study focuses mainly on the new right of access to the essential elements to challenge the legality of police arrest and on the affection of some constitutional guarantees related to it. The guarantees of the criminal arrested provided for in art. 17 Spanish Constitution of 1978 (EC) and developed fundamentally in the Criminal Procedure Law (LECrim), until the 2015 reforms, did not fully comply with the most recent regulations of the European Union (EU). Though LLOO 5/2015, of April 27 and 13/2015, of October 5, some discrepancies arose in the interpretation and application of some of them, especially in relation to the new of access to the elements of the essential actions for challenge the legality of the arrest against access to the report before to the arrestee’s statement at the police headquarters. These controversial situations have been addressed by the National Commission for the Coordination of the Judicial Police (CNCPJ), the State Attorney General’s Office (FGE) and the Constitutional Court (TC).
