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, Belén del Mar López Insua
Los constantes movimientos migratorios de entrada que sufren los nacionales occidentales han motivado una respuesta urgente por parte de la Unión Europea. De este modo, el Parlamento Europeo y el Consejo han aprobado la Directiva 2008/115/CE, normativa que ha sido ya transpuesta al ordenamiento jurídico español a través de la Ley Orgánica 2/2009. Estos flujos migratorios han quedado en gran medida «neutralizados» (en algún caso «congelados») por razones de la crisis provocada por la pandemia Covid-19, la cual ha dado lugar a una legislación de emergencia. Pero, al tiempo, superada la crisis total creada por la pandemia, es innegable que los movimientos migratorios volverán a tener su curso si cabe con mayor fuerza, y seguirán, por tanto, planteándose los grandes problemas estructurales de las migraciones en una sociedad globalizada.Desde su entrada en vigor la citada Directiva de 2008 ha sido objeto de fuertes críticas tanto por parte de la doctrina científica, como por la jurisprudencia española, debido a un marco jurídico de expulsión y retorno que fricciona con la dignidad humana (y con el junto de derechos fundamentales que fundamenta), y con el cual se pretende ante todo garantizar la erradicación en toda Europa de la inmigración irregular. Pese a la gravedad del problema, los tribunales europeos (principalmente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos) y los tribunales nacionales parecen obviar, por completo, el problema real de la inmigración y el respeto a la dignidad de las personas inmigrantes.
The European Union has responded urgently to the constant influx of migrants from Western countries. In this way, the European Parliament and the Council have approved Directive 2008/115/EC, legislation that has already been transposed into Spanish law through Organic Law 2/2009. These migratory flows have largely been «neutralized» (in some cases «frozen») because of the crisis caused by the Covid-19 pandemic, which has resulted in emergency legislation. But, while overcoming the total crisis created by the pandemic, it is undeniable that migratory movements will again take their course with greater force, and will therefore continue to face the major structural problems of migration in a globalized society.Since the entry into force of the above-mentioned Directive of 2008, it has been the subject of strong criticism both by scientific doctrine and by Spanish case-law, due to a legal framework of expulsion and return that conflicts with human dignity, and which is intended above all to ensure the eradication of illegal immigration throughout Europe. Despite the seriousness of the problem, the European courts (mainly the Court of Justice of the European Union and the European Court of Human Rights) and the national courts seem to ignore it, the real problem of immigration and respect for the dignity of immigrants.
