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Antonio Seoane García
¿Puede el legislador determinar arbitrariamente las indemnizaciones que corresponden a un incumplimiento contractual como es el Despido improcedente? ¿Puede obligar a los órganos judiciales a cuantificarlas con arreglo a los únicos parámetros del tiempo de servicio prestado y el salario percibido por el trabajador?¿Puede tasar esa indemnización en un número determinado de días por año de servicios? ¿Puede establecer topes máximos al devengo de dichas indemnizaciones? O, por el contrario, ¿esas indemnizaciones han de referenciarse con relación a los daños y perjuicios que sufre dicho incumplimiento el acreedor contractual, que han de verse satisfechas con criterios de plena compensación e incluso con un plus indemnizatorio que responde a fines disuasorios?
