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Actualmente se ha universalizado el modelo jurisdiccional de justicia constitucional y, al mismo tiempo, se ha venido produciendo un incremento de sus funciones. Ello ha generado la «objeción contramayoritaria» de algunos sectores doctrinales que cuestionan una supuesta falta de legitimidad democrática de los órganos de justicia constitucional. A pesar de que nuestro Tribunal Constitucional gozó en origen de un alto grado de aceptación por parte de todos (en buena medida por el hecho de haberse establecido, al igual que el Tribunal de Garantías de la II República, tras un periodo de dictadura) en la última década ha tenido que enfrentar la campaña de descredito orquestada contra él por parte de la clase política independentista catalana, la falta de prudencia (también en la redacción de votos particulares) que recientemente han mostrado algunos magistrados, la desnaturalización que supuso las funciones a él atribuidas por la L.O 15/2015, el agravamiento de algunos problemas de configuración que arrastra desde su origen (entre los que destaca el colapso que, de sus medios personales y materiales, genera el tratamiento de todos los recursos de amparo que, incluso después de la aprobación de la L.O 6/2007, siguen registrándose cada año en la sede del Tribunal), y los problemas político-jurídicos que provoca el modo de renovación de los magistrados. En este trabajo se pretende ofrecer una perspectiva teórica y comparada de los retos de la justicia constitucional a nivel global que sirva como base a una reflexión acerca de nuestro Tribunal Constitucional y de las eventuales mejoras que, tras cuarenta años de funcionamiento, podría ser recomendable llevar a cabo. En concreto, se ha enfatizado la función política que, en el sentido de protección de las minorías políticas y árbitro de los conflictos territoriales le corresponde al supremo custodio constitucional, ya que el positivismo jurídico dominante en las ciencias constitucionales de nuestro país ha impedido el desarrollo de la justicia constitucional o Derecho Procesal Constitucional como disciplina científica, provocando la ausencia de un corpus teórico que pudiera servir de escudo legitimador al Tribunal Constitucional frente a los ataques recientemente recibidos. Resolver las cuestiones de carácter más interno mencionadas resulta imprescindible para, a posteriori, enfrentar los dos retos más importantes de carácter supranacional a los que debe hacer frente nuestro sistema de justicia constitucional: por un lado, su inserción en un sistema europeo de protección de derechos, para lo que deberá mostrarse más favorable al diálogo con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de lo que lo ha hecho en el pasado; por otro, redefinir su posición como garante de derechos ante los nuevos roles (incluido el control de convencionalidad) asumido por los jueces y tribunales ordinarios.
Currently, the jurisdictional model of constitutional justice has been universalized and, at the same time, an increase in its functions has been taking place. This has generated the «counter-majority difficulty» of some doctrinal sectors that question an alleged lack of democratic legitimacy of the constitutional justice bodies. Despite the fact that our Constitutional Court originally enjoyed a high degree of acceptance by all (largely due to the fact that it had been established, like the Tribunal of Guarantees of the Second Republic, after a period of dictatorship) in The last decade has had to face the discredit campaign orchestrated against him by the Catalan independence political class, the lack of prudence (also in the writing of private votes) that some magistrates have recently shown, the denaturation that supposed the functions to he attributed by LO 15/2015, the aggravation of some configuration problems that dragged from its origin (among which stands out the collapse that, from his personal and material means, generates the treatment of all the protection resources that, even after of the approval of LO 6/2007, continue to be registered every year at the headquarters of the Court), and the political-legal problems caused by l way of renewal of magistrates. This paper aims to offer a theoretical and comparative perspective of the challenges of constitutional justice at a global level that serves as a basis for reflection on our Constitutional Court and the possible improvements that, after forty years of operation, it might be advisable to bring finished. Specifically, the political function that, in the sense of protection of political minorities and arbitrator of territorial conflicts, corresponds to the supreme constitutional custodian has been emphasized, since the dominant legal positivism in the constitutional sciences of our country has impeded development of constitutional justice or Constitutional Procedural Law as a scientific discipline, causing the absence of a theoretical body that could serve as a legitimating shield for the Constitutional Court against the attacks recently received. Resolving the most internal issues mentioned above is essential to, a posteriori, face the two most important supranational challenges that our constitutional justice system must face: on the one hand, its insertion into a European system of protection of rights , for which he will have to be more favorable to the dialogue with the Court of Justice of the European Union than he has done in the past; on the other, redefine its position as guarantor of rights before the new roles (including control of conventionality) assumed by ordinary judges and courts.
