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El objetivo de este artículo es hacer un análisis crítico del proyecto de ley sobre evasión tributaria que el Ejecutivo recientemente enviara al Congreso. En principio, un proyecto contra la evasión tributaria parece razonable. La evasión es una lacra social que debe atacarse.
Según la información del Servicio de Impuestos Internos (SII), la evasión tributaria en Chile alcanza al 24% de la recaudación potencial, lo que significaría unos US$ 4.000 millones. El proyecto estaría destinado a reducir esa evasión a un 20% en el año 2005, lo que se traduciría en recursos adicionales por alrededor de US$ 800 millones.
No obstante lo anterior, este proyecto es más que un proyecto contra la evasión. Contiene un aumento de impuestos a través de una ampliación de las bases imponibles que crea una serie de distorsiones y afecta negativamente la inversión. Detrás de su filosofía subyace una suerte de confusión entre lo que es el combate contra la evasión de impuestos y la búsqueda de la eliminación de modos legítimos y legales de reducir la carga tributaria. Esta última búsqueda lleva al proyecto a eliminar disposiciones que disminuyen el efecto negativo de los impuestos sobre la inversión. En materia de evasión propiamente tal, el proyecto de ley incorpora elementos modernizadores y positivos. Contiene simplificaciones de trámites, agilización de procesos, fortalecimientos de la capacidad fiscalizadora del Estado y corrige errores de las leyes. También contiene aspectos más discutibles al entregar al fiscalizador algunas facultades que pueden atentar contra los derechos ciudadanos o que pueden ser excesivas.
