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Carlos Díaz, Alexander Galetovic, Raimundo Soto
Este trabajo analiza la crisis eléctrica de 1998-1999. Su principal conclusión es que el diagnóstico habitual, de que ocurrió porque las empresas no invirtieron y el regulador no tenía atribuciones, es equivocado. A pesar de la peor sequía del siglo y de la falla de la central Nehuenco, los cortes de energía y el déficit agregado de 450 GWh —sostienen los autores— se podrían haber evitado si el agua embalsada se hubiese manejado eficientemente, o bien si los reguladores hubiesen usado sus atribuciones para hacer funcionar el sistema de precios, o si el Ejecutivo no hubiese temido afectar su imagen decretando racionamiento apenas las condiciones lo exigieran.
En el trabajo se argumenta que la variabilidad hidrológica a la que está sujeto Chile central hace inevitable reducir el consumo en años muy secos. Las crisis ocurren porque el sistema de precios es inflexible e inadecuado para acomodarlas sin cortes de energía; ante una escasez tanto usuarios como empresas enfrentan precios muy por debajo del costo de oportunidad de la energía. Esto, además, introduce un problema de moral hazard que incentiva el uso ineficiente del agua embalsada y hace más probable que ocurra una escasez.
A juicio de los autores, es equivocado pensar que las crisis se evitarían dándole más atribuciones discrecionales al regulador. Varios episodios muestran que éste no usó las atribuciones que tenía.
Al Ejecutivo le incomoda zanjar conflictos entre privados porque sus intervenciones tienen consecuencias patrimoniales que lo dejan vulnerable a las críticas de quienes se sienten perjudicados. Por ello se debe liberar al regulador de la obligación de zanjar conflictos entre privados. Esto requiere liberalizar la regulación.
