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Antonio Baylos Grau 
Las reformas laborales de 1994 obligaron a confeccionar una nueva Ley de Procedimiento Laboral, lo que efectivamente se hizo con el Real decreto Legislativo 2/1995 de 2 de abril. También en esa época, se instaura un sistema autónomo de solución de conflictos colectivos de trabajo derivado de la negociación colectiva, a partir de la conclusión del ASEC en 1996 y la previsión del SIMA como fundación que sostiene el sistema de mediación y arbitraje creado por los interlocutores sociales, que lo sustraen así al control judicial. El nuevo siglo trajo cambios importantes en la regulación procesal civil, mediante una reforma de la Ley de Enjuiciamiento civil en al año 2000, que coincide en sus objetivos con los que aconsejaron la especialización del proceso laboral, es decir el adecuar el procedimiento civil a un mayor grado de efectividad de los derechos, y cuyas reformas habrían de influir sin duda en la regulación procesal laboral, dada la relación de supletoriedad que la LEC tiene respecto de la LPL, y que se manifestó especialmente en los aspectos relativos a la nueva regulación de la prueba en la LEC. (...).
