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Alvaro Capano Bosch
Este artículo recorre un tema trascendente y de actualidad para nuestras sociedades, como es el castigo físico hacia la infancia, particularmente la creación de políticas públicas que promuevan y protejan los derechos humanos de niños y niñas. El objetivo es realizar un primer aporte al estudio de los roles y argumentos de actores que participaron en la elaboración e implementación de una política pública. El estudio propuesto tiene un enfoque cualitativo; la investigación es exploratoria, descriptiva y retrospectiva; el método es documental y se usa la técnica de análisis de contenido. Entre los hallazgos se destaca el hecho de considerar al proyecto de ley como innecesario y sobreabundante en cuanto a la legislación ya existente, entender que lesiona a la institución familiar y, por último, la inconveniente participación e influencia ejercida por organismos internacionales. La no implementación de la norma parece tener relación, por un lado, con el hecho de que el castigo físico no haya sido visto como un problema público, siendo necesario para ello visibilizar aún más la temática y lograr una intensa movilización por parte de la sociedad civil. Por otro lado, que la burocracia estatal haya funcionado como gatekeeper, bloqueando el progreso del tema.
This article navigates a current and transcendental problem within our societies: the physical punishment of boys and girls, specifically the creation of those public policies advocating for children’s rights. The goal is to make an initial contribution to the study of roles and arguments connected with the actors involved in the making and execution of a public policy. The proposed study applies a qualitative approach; the scope of research is exploratory, descriptive, and retrospective; the method documentary and it uses a content analysis technique. Notably, the findings include the fact that the Bill was deemed unnecessary and overabundant in relation to the existing law, and that it is considered to hurt the family as an institution, as well as an inappropriate participation and influence of international bodies. On the one hand, failure to execute the rule seems related to the fact that physical punishment has not been considered a public issue. Thus, it is necessary to further visualize the issue and engage the civil society in strong action. On the other hand, the bureaucracy of the State has been serving as a gatekeeper, hindering the progress in this respect.
