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Apol·lònia Martínez Nadal
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de septiembre de 2020 enjuicia la legalidad de la normativa nacional francesa que establece un régimen de autorización previa de cambio de uso de la vivienda destinada a alquiler turístico para determinados municipios en los que la tensión sobre los arrendamientos resulta particularmente acusada. Resumidamente, se plantea la cuestión de la justificación y proporcionalidad de tal régimen de autorización. Analizamos en este trabajo esta relevante resolución que considera que una normativa nacional como la francesa, que establece un régimen de autorización previa para el alquiler turístico aplicable en determinados municipios, está justificada por una razón imperiosa de interés general como la lucha contra la escasez de viviendas destinadas al arrendamiento, en aras de garantizar una oferta suficiente de viviendas destinadas al arrendamiento de larga duración a precios asequibles, y es proporcionada al objetivo perseguido dado que este no puede alcanzarse con una medida menos restrictiva, en particular porque un control a posteriori se produciría demasiado tarde para ser realmente eficaz. Asimismo, analizamos la inmediata recepción de esta resolución por parte de los tribunales españoles que reconocen, en distintas sentencias, el derecho de acceso a la vivienda como causa justificativa de determinadas restricciones en la normativa urbanística y de ordenación territorial reguladora de las viviendas de uso turístico.
