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Francisco J. Magraner Moreno 
La LJCA establece, en su art. 26.1, la viabilidad de recurso indirecto, en el procedimiento contencioso-administrativo, contra las disposiciones generales, consistente en recurrir un acto administrativo fundándose en la disconformidad a derecho del reglamento aplicado por él. La impugnación de las ordenanzas fiscales a través del recurso indirecto ha sido una técnica procesal de uso frecuente. El ámbito de aplicación del recurso indirecto es más limitado que el del recurso directo, puesto que su admisibilidad se ciñe a la impugnación por motivos de carácter sustancial. En la actualidad, la distinción entre motivos formales y sustanciales es el hecho que puede generar una mayor inseguridad jurídica.
