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Víctor Javier Vázquez Alonso 
El día 14 de marzo, como es conocido, se aprobaba el Real Decreto 463/2020, en el que se declaraba el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Dicho estado de alarma afectaba a todo el territorio nacional, estableciendo medidas que restringían de forma drástica la movilidad. Como consecuencia del mismo, el día 18 de marzo de 2020 se aprueba una resolución sobre “habilitación de la convocatoria de la diputación permanente en una situación de declaración de estado de alarma”, que trae causa a su vez en el acuerdo adoptado por la Mesa del Parlamento, el día 16 de marzo, donde por unanimidad se adoptan diferentes medidas para “adaptar la actividad parlamentaria de la Cámara, con suspensión de las sesiones previstas durante el tiempo que dure el estado de alarma”, y, en concreto, “a efectos de continuar con la labor parlamentaria indispensable, convocar la Diputación Permanente”.
