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Octavio Pino Reyes
Aunque nuestro ordenamiento garantiza a todas las personas la protección judicial frente a los actos de la administración del Estado, no existe un cuerpo legal que contemple un recurso sencillo, rápido y efectivo que tenga por objeto el impugnar judicialmente una resolución dictada por la autoridad penitenciaria. Esto ha llevado a que, en la práctica, las acciones constitucionales de amparo y protección se hayan convertido en el único instrumento de tutela de los derechos e intereses de los condenados privados de libertad, de manera forzosa, ya que las actuaciones de la administración penitenciaria contra las cuales se recurre, no siempre se encuadran dentro de los supuestos amparados constitucionalmente, lo que incide en las posibilidades de éxito de la acción.
Although our legal system guarantees all person’s judicial protection against the acts of the State administration, there is no legal body that provides for a simple, quick and effective remedy whose purpose is to judicially challenge a resolution issued by the prison authority. This has led to the fact that, in practice, constitutional actions for habeas corpus and protection have become the only instrument for the protection of the rights and interests of convicted persons deprived of liberty, in a forced manner, since the actions of the prison administration Against which it is appealed, they do not always fall within the constitutionally protected cases, which affects the chances of success of the action.
